La aprobación de la ley mordaza, los procesos a cerca de 265 trabajadores por participar en piquetes informativos en las últimas huelgas o los métodos expeditivos de la policía constatan la política de mano dura del Gobierno.
La CNT ha denunciado en un acto público en la localidad de Adra el incremento de la represión hacia los movimientos sociales por parte del Ejecutivo. Con la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la clasificación como infracción de numerosos actos públicos considerados anteriormente como lícitos por los Tribunales el Gobierno, muestra con nitidez su intención de limitar el libre derecho de expresión de los ciudadanos. La aprobación de la llamada ley mordaza pretende disuadir a los activistas para que no convoquen o asistan a manifestaciones o reuniones en un claro intento de disuadir a la ciudadanía para que no concurran a actos de protesta contra sus políticas que últimos tiempos, han proliferado, convocados con el dinamismo que ofrecen las redes sociales. Entre el catálogo de nuevas infracciones se encuentra también el “obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales” un claro ejemplo de impedir vía sanción,la solidaridad vecinal en el caso de los desahucios.
Por otra parte, no podemos olvidar también, la ofensiva penal contra el derecho de huelga. Hoy en día hay más de 265 trabajadores encausados por su participación en piquetes informativos en diversas huelgas, la mayoría por su participación en la pasada Huelga General del 14-N. Las penas para los encausados oscilan entre los 3 años y un día hasta los 4 años y medio, condenas que no permiten eludir la cárcel salvo por el indulto del Gobierno. Esta sin razón, basada en resquicios de la legislación franquista existentes en el actual código penal ha llevado a algunos juristas a alzar la voz y denunciar que los sindicalistas están recibiendo condenas desproporcionadas equiparables a las que pueden recibir los homicidas imprudentes o los agresores sexuales.Esta imagen contrasta también con la impunidad con la que se mueven algunos cargos públicos condenados o imputados por corrupción.
Si el Gobierno y los privilegiados para quienes legislan piensan que con sus leyes intimidatorias, con su golpe de porra y sus sanciones van a frenar el ascenso de la contestación social ante el paro, antelos salarios de miseria y la precariedad laboral; ante los recortes en sanidad o educación; ante los desahucios y ante los sinvergüenzas que se encuentran en las instituciones se equivocan. ¡Nosotros no vamos a quedarnos dócilmente en casa!